FARMACÉUTICOS POR LA LIBRE APERTURA DE FARMACIAS

Un estudio de la Universidad de Barcelona demuestra que el actual sistema solo beneficia económicamente el bolsillo de los titulares de farmacia en detrimento del servicio de los usuarios.
La liberalización de las farmacias conllevaría una mejor cobertura de la población gallega y abarataría los costes de la Sanidad pública. Lo asegura el investigador Joan-Ramon Borrell, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que hoy presentará en el campus un estudio sobre la regulación del sector en Navarra. Su grupo, dirigido por el catedrático vigués Antón Costas, está especializado en políticas públicas y regulación económica y también ha analizado los casos de Euskadi y Andalucía.
“La paradoja es que la regulación, que debe garantizar el servicio universal, es de máximos, lo que va en contra de este espíritu . Está pervertida. En Galicia sólo se puede abrir una farmacia en poblaciones rurales de más de dos mil habitantes y de dos mil ochocientos en el caso de las urbanas. En una comunidad con tantos pueblos pequeños y dispersión sería recomendable rebajar estas cifras hasta los setecientos u ochocientos habitantes. Sólo hay una excepción, las entidades colectivas poblacionales, donde el límite se pone en dos mil”, explica.
 

La liberalización daría paso a unos precios menores: “El 80% de lo que venden pertenece al ámbito de la Sanidad pública y ahí no hay competencia, pero en el otro 20% sí la podría haber”.
Este intervencionismo deriva de una ley “de posguerra” que apenas ha variado desde el año 41. “Se parece a la de los cuerpos oficiales del Estado, como los notarios. La diferencia es que éstos se jubilan y queda la plaza libre, mientras que los farmacéuticos traspasan sus negocios por cantidades enormes”, añade el experto.
El cambio más importante se produjo en 1997 cuando se puso en discusión si las competencias debían ser estatales o autonómicas y se elaboró una ley estatal que deja la regulación de las aperturas en manos de las comunidades. En 2000, Navarra elaboró una legislación propia que permite abrir farmacias “casi, casi de forma libre”. El grupo de Borrell realizó un seguimiento del sector desde ese año hasta 2008. “El entonces consejero de Sanidad, Santiago Cervera, médico de profesión, quería ahorrar dinero público y prestar un mejor servicio. Hubo una huelga que casi le cuesta el cargo, pero al final ganó la batalla. En estos años se ha duplicado el número de farmacias, algunas en pueblos muy pequeñitos, y en caso de Pamplona se han triplicado”, añade.
Eso sí, los márgenes de beneficio han bajado, pero sólo ha sido necesario reintroducir una regulación “mucho más ligera”, que deja libertad a la primera farmacia en todos los porcentajes de población y lo limita a partir de setecientos en las ciudades grandes.

Distancia mínima

En Navarra también redujeron la distancia mínima entre farmacias de 250 a 150 metros. Una restricción que sigue vigente en Galicia. “En el estudio sobre Navarra que presentaré en Vigo demostramos que son inefectivas, puesto que ya se distribuyen ellas en el entorno”, sostiene.
Una veintena de países restringen en Europa el número de farmacias, pero sólo seis incluyen este punto. “Es un ejemplo de regulación hecha para los que ya están establecidos. En Galicia no puede abrir una farmacia a menos de 250 metros de un centro de salud, cuando lo mejor es tenerla cerca. Y esto sólo se aplica a las nuevas, porque ya hay muchas localizadas en ese tramo. Y en Euskadi es peor, porque la primera se puede poner donde quiera y la segunda, a cien metros ”, explica Borrell.
El ejemplo más cercano a estas restricciones es el de las gasolineras, donde se eliminaron en 1995: “En el comercio pasa lo mismo, hay preocupación por que las tiendas se concentren en un solo punto y se originen problemas de cobertura, pero las teorías de los economistas y los estudios empíricos demuestran que no es así. La tendencia natural es la de separarse”.

Crisis

Borrell, que participa en un proyecto para el Gobierno central dirigido por Germà Bell, recomienda que las farmacias tengan libertad de apertura “y cuando sepamos hasta dónde llegan ahí tendría que actuar la Administración si es necesario”.
Borrell cree que ni el Gobierno ni las comunidades s e hacen responsables de conseguir una mayor cobertura al mejor precio. “El problema es quién le pone el cascabel al gato”, ironiza.
En este sentido, añade que la crisis económica puede ser una ventaja: “El margen de beneficios es de un 17,9% en el precio de venta. Quizá la situación económica haga plantearse cosas y que la amenaza sea creíble. O pagamos lo mismo, pero se mejorara la cobertura geográfica, o se reduce esta cifra y se deja la situación como está. Los farmacéuticos son hábiles en decir que la calidad del servicio se reduciría, pero esto no se ha visto en Navarra”.